La arquitectura institucional del Estado de Chile enfrenta hoy una nueva e intensa lucha de clasificación en su periferia transoceánica. La comunidad de Rapa Nui, nucleada a través de Hōnui —la autoridad ancestral autónoma conformada por los representantes de sus 36 clanes tradicionales—, ha decidido romper el silencio insular para exigir explicaciones directas al Palacio de La Moneda. El motivo: lo que califican como la «desvinculación arbitraria» de la diplomática Manahi Pakarati Novoa del Servicio Exterior de la Cancillería.
La vocera de la organización ancestral, Sofía Hey, viajó desde Hanga Roa hasta Santiago con un objetivo político nítido: entregar una carta formal dirigida al Presidente de la República, José Antonio Kast, y emplazar directamente al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ante el mutismo oficial que ha rodeado este caso.
De la "Confianza" a Extramuros de la Monarquía Institucional
Para comprender el fondo de este conflicto, es menester desentrañar la trayectoria de Pakarati, una funcionaria de carrera que encarna las profundas contradicciones entre la identidad genérica de los agentes públicos indígenas y la rigidez de la diplomacia tradicional chilena. Nacida en Hanga Roa, Pakarati se desempeñó como directora del Ceremonial y Protocolo en las postrimerías del gobierno anterior, siendo posteriormente destinada como embajadora de Chile en Nueva Zelanda.
Fue en ese escenario internacional donde estalló la controversia a fines de 2025. La diplomática fue acusada de promover abiertamente un discurso de "libre determinación" y "autogobierno" para la nación Rapa Nui, argumentando que el Acuerdo de Voluntades (el tratado de asociación firmado con Chile en 1888) enmarcaba legalmente este derecho a la autonomía territorial. Para los círculos más conservadores de la Cancillería y de la opinión pública continental, resultó «incomprensible» e «impensable» que una representante oficial del Estado chileno defendiera la soberanía compartida o la alteridad de una etnia en particular.
Tras una fuerte reprimenda y presiones transversales, el Ejecutivo operó una remoción inicial de su cargo en Wellington el 6 de enero de 2026, reubicándola el 1 de febrero como asesora en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública (Dirac) en Santiago. No obstante, la persistencia de las tensiones en los pasillos de la Cancillería —debido a que conservaba su título de embajadora— decantó finalmente en que el gobierno le solicitara su dimisión total del Servicio Exterior, aduciendo una irreversible «pérdida de confianza».
«¿Se deben dejar los zapatos indígenas en la puerta cuando se sirve al Estado? ¿Se transforma lo indígena en una visión a extirpar? ¿Un enemigo interno?», cuestionaron con severidad voces críticas desde el ámbito académico y de los derechos humanos tras conocerse su salida definitiva.
La Paradoja de la Identidad: Exclusión vs. Ciudadanía
Desde la perspectiva del análisis político de los pueblos originarios, este episodio devela lo que el sociólogo Christian Gros describe como la mutación desde una «asimilación inferiorizante» hacia una «separación que integra y valora». Para los 36 clanes del pueblo Rapa Nui, Manahi Pakarati no era un satélite individual de la administración del Estado, sino un puente de legitimidad institucional. Su destitución no es leída en la isla como una mera remoción administrativa, sino como una afrenta a la soberanía cultural y un acto de discriminación que confunde los «méritos extraordinarios» con la sumisión ideológica.
A través de la misiva que ingresará a La Moneda, Hōnui busca confrontar el filtro racializado latente en la diplomacia tradicional y exigir un pronunciamiento transparente. La comunidad Rapa Nui no persigue un fundamentalismo étnico excluyente ni un comunitarismo ciego; al contrario, apelan al uso performativo de sus derechos ancestrales para disputar una ciudadanía multicultural donde el estatus de pueblo originario no sea sinónimo de inexistencia política o subordinación burocrática.
Ante un Gobierno que hoy ratifica su agenda bajo estrictos criterios de seguridad y homogeneidad nacional, los clanes polinésicos se han plantado con firmeza: exigen que los compromisos del Estado chileno no se diluyan en el silencio y que la libre determinación deje de ser catalogada como una amenaza interna para transformarse, de una vez por todas, en la base de un diálogo de buena fe. La Moneda tiene ahora la palabra.
