En la política chilena, hay que aprender a distinguir entre el ruido y la señal. Esta semana hubo de ambos en abundancia. El ruido fue el cambio de gabinete, ese remezón que los medios afines al gobierno intentaron presentar como una modernización. La señal, más quieta y más grave, viene del Congreso: una ley de más de 40 medidas que, detrás del título solemne de "Plan de Reconstrucción Nacional", esconde la mayor transferencia de recursos hacia el segmento más acomodado de la sociedad chilena desde la reforma tributaria del segundo gobierno de Piñera.
Ambas historias están conectadas. Y no de manera accidental.
El Segundo Piso se rinde ante la realidad
El diseño de poder con el que Kast entró a La Moneda duró exactamente 69 días. Menos que un trimestre escolar. Menos que la garantía de un electrodoméstico barato. El cambio de gabinete que forzó la salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini no fue una renovación: fue la rendición del llamado "Segundo Piso" ante una realidad que su trinchera ideológica no supo contener.
La salida de Sedini arrastró el poder de Cristián Valenzuela, el jefe fáctico del búnker republicano. El diseño comunicacional hiperagresivo que funcionó en campaña fracasó en la gestión de gobierno, gatillando una crisis de conducción en tiempo récord. Alejandro Irarrázaval, el jefe oficial de asesores, sigue en su puesto pero resistido prácticamente por unanimidad entre los partidos aliados. No dialoga, impone. Y se equivoca. Su poder, dicen quienes lo conocen, tiene los días contados.
En su lugar llegó Claudio Alvarado (UDI), con dos carteras —Interior y Segegob— y una misión contradictoria: ser simultáneamente el negociador conciliador que el Congreso exige y el "escudero" combativo que la vocería presidencial demanda. En Renovación Nacional observan este rediseño con reconocimiento técnico y profunda cautela. Han acuñado la expresión "semivocero" para describir el riesgo de la dualidad. Mientras tanto, con la salida de Steinert y Sedini, el Comité Político quedó conformado en su mayoría por ministros militantes: García Ruminot (RN), Wulf y Arrau (PR), Alvarado (UDI), y Jorge Quiroz en Hacienda como único independiente. La paradoja es perfecta: Kast, el candidato que prometió acabar con la vieja política, terminó entregando el gobierno a los aparatos de los partidos tradicionales de la derecha para no continuar naufragando en el primer trimestre.
La Miscelánea: anatomía de una reforma regresiva
Mientras el gobierno reorganizaba su cocina interna, el Congreso despachaba hacia el Senado la pieza legislativa más importante de la administración de Kast. La denominada Ley Miscelánea fue aprobada en general en la Cámara con 90 votos a favor y 59 en contra, apoyada por el oficialismo y el Partido de la Gente, con la oposición votando mayoritariamente en contra. La siguiente etapa, la votación en particular, resultó aún más reveladora.
El Ejecutivo consiguió aprobar los principales pilares tributarios del proyecto, encabezados por la rebaja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23% en un plazo de cuatro años, con 87 votos favorables, 65 rechazos y dos abstenciones. También avanzó la reintegración del sistema tributario, que permitirá restablecer gradualmente el descuento total de impuestos corporativos sobre tributos personales hacia el año tributario 2031, obteniendo ese artículo 82 votos a favor, 71 en contra y una abstención.
Las cifras del impacto son contundentes, la ley aprobada en la Cámara le regala 4.500 millones de dólares a los que más tienen, y quienes votaron a favor están aprobando recortes en el resto del presupuesto. Es exactamente la misma cantidad que la Ley de Cumplimiento Tributario de 2024 buscaba agregar al fisco para financiar servicios públicos. El gobierno de Kast va en dirección exactamente opuesta.
El candado de un cuarto de siglo: un atentado a la soberanía democrática
Si la rebaja corporativa es regresiva, la invariabilidad tributaria es directamente un problema constitucional. La norma apunta a mantener las condiciones tributarias vigentes al momento del ingreso de una inversión por un plazo de entre 20 a 25 años para proyectos desde los 50 millones de dólares, reconstituyendo con algunos cambios el DL 600 creado en 1974 y derogado a partir de 2016.
No es casual que ese decreto ley naciera bajo la dictadura. La oposición lo sabe y lo dice. El diputado Jaime Araya fue lapidario: los próximos seis gobiernos no podrán tratar materias tributarias relacionadas con estas inversiones, violando la Constitución y pasando por arriba de la democracia, condenando a Chile al subdesarrollo, la pobreza y la tensión social.
El paquete ambiental fue aprobado en votaciones ajustadas de siete a seis en varios artículos, con el apoyo clave del PDG, lo que confirma que sin ese partido bisagra el gobierno no tiene los números. Una coalición que depende del PDG para aprobar su reforma insignia no está en posición de presumir mandatos.
El filo del Senado: 12 artículos al borde del precipicio
En la votación en particular en la Cámara, el destino de ocho artículos de la Ley Miscelánea pendió de un hilo: fueron aprobados por menos de siete votos de diferencia y en dos casos triunfaron por un solo voto (75 a 76). En el Senado, el escenario es estructuralmente más adverso.
A diferencia de la Cámara, en el Senado existe un equilibrio numérico más estricto entre el oficialismo y la oposición, lo que obligará al Ejecutivo a buscar acuerdos transversales para aprobar el corazón de la reforma. Los senadores debatirán materias sensibles como las franquicias tributarias, nuevas normativas de derechos de autor e inteligencia artificial, y el impacto en los ingresos de los municipios debido a la reducción de contribuciones.
La senadora Beatriz Sánchez cuestionó duramente el proyecto y afirmó que no es una ley de reconstrucción, sino una reforma tributaria encubierta basada en la política del chorreo, advirtiendo que varias medidas incluidas podrían profundizar las desigualdades y afectar la recaudación fiscal. Senadores opositores desde el Partido Socialista hasta el Frente Amplio anunciaron voto en bloque contra la idea de legislar.
En las franquicias Sence no existe consenso, y se reporta que incluso en sectores de Renovación Nacional hay resistencia a apoyarlas si el Ejecutivo intenta reponer indicaciones ya rechazadas. Que los propios aliados del gobierno disientan en el Senado es una señal de que la maquinaria tiene más fisuras de las que La Moneda admite.
La oposición se anota su único triunfo real
En medio de la avalancha de derrotas, la oposición consiguió una victoria simbólicamente poderosa. En medio de la extensa votación en particular, la oposición consiguió una de sus victorias más visibles al incorporar la Sala Cuna Universal, que fue aprobada con 82 votos favorables, 48 rechazos y 24 abstenciones. El ministro Quiroz realizó de inmediato una reserva de constitucionalidad, argumentando iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Es decir: la única medida de la reforma que beneficia directamente a trabajadoras y familias de sectores medios llegó por la puerta trasera, empujada por la oposición y resistida por el gobierno.
La metáfora es perfecta y brutal a la vez.
El contexto que el gobierno silencia: un Estado que necesita más, no menos
Chile mantiene una de las cargas tributarias más bajas de la OCDE como porcentaje del PIB, alrededor del 21%, muy por debajo del promedio de la organización que supera el 34%. El déficit fiscal estructural ronda el 2% del PIB. La deuda pública ha escalado hacia el 40% del PIB desde menos del 5% que tenía a comienzos de la década pasada. Renunciar a 4.500 millones de dólares anuales en recaudación corporativa en ese contexto no es política económica: es ideología disfrazada de tecnocracia.
El exministro Eyzaguirre, que sabe de reformas tributarias como pocos en Chile, calificó la iniciativa como una "reforma pichiruchi" de "vuelo de gallina". Más allá del colorido del diagnóstico, hay una verdad incómoda en él: la megareforma de Kast no resuelve ninguno de los problemas estructurales del país. No mejora la productividad. No cierra la brecha de ingresos. No financia los servicios públicos que los chilenos reclaman. Solo redistribuye hacia arriba.
Lo que viene: la batalla real
Para La Moneda, el resultado de la tramitación en el Senado será decisivo tanto en términos legislativos como políticos, considerando que la Ley Miscelánea fue presentada como el principal motor económico y de reconstrucción del inicio del mandato de Kast. Alvarado e Irarrázaval encabezan las negociaciones de última hora. El ministro Quiroz lidera los contactos con parlamentarios de centro. El gobierno está dispuesto a ceder en los márgenes para salvar el núcleo: la rebaja corporativa y la invariabilidad tributaria.
Pero el Senado no es la Cámara. Y la aritmética no miente.
Si esos dos artículos caen o son modificados sustancialmente, Kast llegará a su Cuenta Pública con una victoria pírrica: una ley que lleva su nombre pero no su sello. Si se aprueban en los términos actuales, Chile quedará condenado durante 25 años a reglas diseñadas para quienes invierten más de 50 millones de dólares, en un país donde el ingreso medio no alcanza los 700 mil pesos mensuales.
