La noche del 19 de mayo, en el kilómetro 11 de la Ruta 488, sector Pichi Boroa de Nueva Imperial, Álvaro Andrés Quinchanao Hueche, psicólogo del Hospital Intercultural Makewe, murió atropellado por un camión de la empresa contratada por Forestal Mininco, durante lo que la Coordinadora Arauco Malleco reconoció como una acción de resistencia y sabotaje contra la industria forestal. Tenía 32 años. Provenía de una comunidad mapuche. Atendía salud mental en uno de los territorios más golpeados del país.

La reacción institucional fue predecible. Gremios y parlamentarios de la zona exigieron la conformación de una unidad antiterrorista en la Macrozona Sur. El presidente de la Multigremial de La Araucanía señaló que el caso revelaba que personas con formación profesional y vínculos con el Estado podían estar vinculadas al terrorismo, reforzando así la necesidad de una unidad de desarticulación. Las provincias de Malleco y Cautín elevaron todos los niveles de alerta, con aeronaves y vuelos nocturnos como parte de la estrategia preventiva.

La muerte de Álvaro Quinchanao vuelve a dividir el país en dos relatos incompatibles. Para unos, un terrorista abatido en su propia emboscada. Para otros, un hijo de enorme valía de la Nación Mapuche que ofreció su vida por la causa y la libertad de los presos políticos. Ninguno de los dos relatos, sin embargo, es suficiente para explicar por qué en el siglo XXI un psicólogo jóven, nacido en una comunidad mapuche del sur de Chile, llega a morir bajo las ruedas de un camión forestal en un camino rural.

La respuesta no está en el individuo. Está en la historia.

El filósofo Walter Mignolo (2010) ha señalado que la colonialidad no terminó con la independencia formal: persiste en las estructuras del saber, del poder y del ser, reproduciendo jerarquías que niegan la existencia plena de los pueblos originarios como sujetos políticos con derechos propios. Chile no ha sido la excepción. Desde la llamada "Pacificación de la Araucanía" en el siglo XIX, el Estado construyó su soberanía sobre la ocupación militar de un territorio que no era suyo, reduciendo a un pueblo-Nación a la condición de problema de "orden público" o actualmente de "violencia rural". Esa lógica, lejos de superarse, se ha actualizado sin pudor en cada ciclo político.

El Estado de Excepción Constitucional, aplicado intermitentemente desde 2021 en La Araucanía y el Biobío, es la expresión más cruda de esa continuidad. Como sostiene Héctor Nahuelpan (2013), las políticas de seguridad en el Wallmapu han operado históricamente bajo una lógica de racialización del conflicto: criminalizar la protesta y la recuperación territorial como si fueran amenazas al orden democrático, en lugar de síntomas de una deuda civilizatoria nunca saldada. Los estados de excepción no resuelven conflictos: los congelan y los radicalizan.

A ese fracaso se suma el de los intentos de diálogo. El proceso de la Convención Constitucional rechazado. Una Comisión para la Paz y el Entendimiento que no logró traducir sus conclusiones en política concreta. Promesas de devolución de tierras que se diluyen en trámites burocráticos o en compras a precios de mercado que las comunidades más pobres no pueden costear. La académica mapuche Elisa Loncón Antileo, al presidir la apertura del debate constitucional en octubre de 2021, planteó una pregunta que sigue sin respuesta: si quienes ocupan los espacios de poder están dispuestos a transformaciones reales, o si están simplemente "para que no cambie nada" (2021). Los dos procesos de cambio constitucional que fracasaron después confirmaron, con brutal elocuencia, que la segunda opción tenía mayoría.

La invisibilización es parte del sistema. Que un psicólogo mapuche pueda trabajar de día atendiendo pacientes en salud mental y participar de noche en acciones de resistencia territorial no habla de hipocresía: habla de una fractura existencial que el Estado produjo y que no quiere ver. Álvaro Quinchanao no era una anomalía; era el producto lógico de un sistema que obliga a elegir entre integrarse y resistir, entre el título profesional y la identidad comunitaria.

Frente a quienes piden más represión, más unidades antiterroristas, más vuelos nocturnos sobre territorios empobrecidos, cabe preguntarse con honestidad: ¿cuántas décadas más de militarización son necesarias para que el Estado reconozca que la seguridad no se construye apagando incendios sino abordando las causas del fuego? El conflicto en el Wallmapu no es un problema policial. Es un problema político de primera magnitud, con raíces en la invasión estatal, el genocidio histórico, la usurpación territorial, el colonialismo racial, la negación de la autonomía y el desprecio sistemático por los derechos colectivos del pueblo Mapuche.

Los próximos desafíos no pueden venir de la misma lógica que ha fracasado. Requieren reconocimiento constitucional efectivo, plurinacionalidad real, restitución territorial negociada con las propias comunidades y diálogo político directo con las organizaciones en resistencia, incluso con las que incomodan al poder. Como apunta el abogado José Aylwin (2013), experto en derechos indígenas, la paz sostenible en territorios indígenas en conflicto nunca ha llegado por la vía de la derrota militar, sino a través de pactos que reconocen la legitimidad de las demandas históricas.

Álvaro Quinchanao, «Quincha», murió en un camino rural a los 32 años. La pregunta que su muerte nos obliga a hacernos no es si era terrorista o mártir. La pregunta es qué tipo de país construimos cuando los únicos que escuchan a un joven mapuche son los que le ofrecen una causa digna por la que morir.