Bolivia arde. Desde el 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) mantiene una huelga general indefinida que ha paralizado al país andino durante más de tres semanas y que ya no se trata solo de salarios: se trata de quién gobierna y para quién.
Las protestas comenzaron con demandas económicas y sectoriales: un incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720 que afectaba a comunidades amazónicas. Pero el conflicto mutó rápidamente. Lo que comenzó como una protesta por tierras y salarios terminó convirtiéndose en la mayor crisis política que enfrenta Rodrigo Paz desde que asumió la Presidencia hace apenas seis meses.
Un país bloqueado
La movilización ha generado un panorama de paralización en sectores estratégicos y creciente desabastecimiento, escalando con la incorporación masiva de campesinos aimaras provenientes de 29 provincias, quienes refuerzan los bloqueos en el altiplano boliviano, con 67 puntos de bloqueo en áreas rurales, 50 de ellos concentrados en el departamento de La Paz.
Los bloqueos han cortado principalmente la carretera estratégica entre La Paz y El Alto, y las fronteras con Perú y Chile, dejando desabastecidas de alimentos, combustibles e insumos médicos como oxígeno medicinal a ambas urbes. El gobierno intentó establecer corredores humanitarios, pero los manifestantes los resistieron. La respuesta del Estado fue gases lacrimógenos. La de las calles: dinamita y hondas.
De la demanda a la renuncia
La radicalización tiene nombre y fecha. El conflicto tomó un giro político cuando el dirigente de la COB, Mario Argollo, y la Federación de Campesinos Tupac Katari firmaron un acuerdo para impulsar la salida del presidente, a quien calificaron de "incapaz". A ese frente se sumó el expresidente Evo Morales. La denominada "Marcha por la Vida" aglutina a sectores campesinos, de pueblos originarios y obreros leales a Morales que se oponen a las medidas económicas de Paz, partiendo desde Caracollo, en Oruro, a 188 kilómetros de La Paz.
El presidente Rodrigo Paz, quien expresó intención de dialogar, calificó a los manifestantes de "vándalos", lo que derivó en que los movilizados reiteraran con más fuerza su pedido de renuncia. Un nuevo ministro de Trabajo fue posesionado para calmar los ánimos, pero generó mayor desconfianza por su historial.
Historia que se repite
Bolivia no es ajena a estas tormentas. El país que en 2003 derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada en la "Guerra del Gas", que en 2019 vivió un golpe de Estado disfrazado de auditoría electoral, vuelve a mostrar que sus calles tienen más poder constituyente que sus palacios. El movimiento obrero boliviano tiene una riquísima experiencia histórica, desde la Tesis de Pulacayo que planteaba la transformación de las tareas democráticas en tareas socialistas. La COB no es un sindicato cualquiera: es una institución que ha derribado presidentes antes.
El 11 de enero de 2026, el gobierno de Paz y la COB ya habían alcanzado un acuerdo para abrogar el Decreto Supremo 5503, que había provocado bloqueos a comienzos de año. Ese acuerdo no duró. La crisis de combustibles contaminados en febrero costó un ministro. Ahora el costo amenaza ser el presidente mismo.
Lo que Chile debería estar mirando
La crisis boliviana no es un asunto de vecindario lejano. Los bloqueos mantienen cerradas las rutas estratégicas que conectan la sede de Gobierno boliviano con las fronteras de Perú y Chile. El comercio bilateral, el gas, el litio y la integración regional son variables que se mueven al ritmo de cada barricada en El Alto.
Pero la lección más profunda para Chile es política. Bolivia muestra que los ajustes económicos aplicados desde arriba, sin diálogo social real, tienen fecha de vencimiento. Un gobierno que lleva seis meses y ya enfrenta pedidos de renuncia es el síntoma de una región donde la promesa electoral se agota antes que el mandato. Mientras Kast avanza en Santiago su propia agenda de rebajas tributarias para las élites, el espejo boliviano vale la pena mirarlo con atención.
La Unión Europea y la OEA ya se pronunciaron, exigiendo respeto al orden constitucional y el fin de la violencia. El mundo observa. Bolivia, una vez más, decide su destino en las calles.
